El asunto comienza a ponérsele de color hormiga al PSOE y, por ende, al Gobierno Sánchez.
El Tribunal Supremo emitió el 4 de febrero un auto en el que acordó requerir al empresario Víctor de Aldama que aporte información detallada sobre varios aspectos clave relacionados con la investigación por presunta corrupción que salpica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Tiene un plazo de diez días para que presente una relación de los pisos que habría facilitado para encuentros en los que participaron Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial, Koldo García y el propio José Luis Ábalos en Madrid. El Supremo exige detalles específicos sobre las fechas de los contratos de alquiler, duración de las estancias y los pagos realizados por dichos inmuebles.
Igualmente, también se le reclama que informe si se realizaron pagos a las 'señoritas' a las que mencionó en su declaración y, en caso afirmativo, identifique quién se hizo cargo de dichos desembolsos.
Rafa Latorre, en su editorial en 'La Brújula' (Onda Cero), metió el miedo en el cuerpo a los socialistas:
Hay un auto del Supremo que ha disparado las alarmas en el PSOE y no es para menos, porque el juez que lo ha emitido ha requerido una información que indica que está apuntando bastante alto. No sólo a José Luis Ábalos y no sólo al hijo de José Luis Ábalos. Esto significa que el incendio amenaza con propagarse y con abrasar a personas muy relevantes del PSOE. Además de pedirle a la UCO, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investigue el patrimonio de Ábalos y su hijo y esos incrementos que se pudieran haber producido gracias al cobro de comisiones o mordidas, ha requerido las comunicaciones de la presunta trama criminal, cuyo muñidor es Víctor de Aldama, con el ministro Ángel Víctor Torres y con el presente secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán.
