La jueza Karina Andrade enfrenta una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación por liberar a 114 detenidos en menos de ocho horas tras los disturbios afuera del Congreso. Se le acusa de prevaricato, omisión de deberes y encubrimiento. La jueza habría intervenido indebidamente en las funciones del fiscal y utilizado WhatsApp para dictar resoluciones, lo que el ministerio considera irregular. La investigación está a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Además, se cuestiona el accionar policial durante los disturbios, con denuncias sobre el uso indebido de granadas lacrimógenas.
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