La administración de Donald Trump sigue adelante con su plan de deportación masiva, el más grande en la historia de Estados Unidos, a pesar de las restricciones legales. Este proceso ha llevado a la privación de derechos de ciudadanos con permisos de residencia y green cards, desafiando abiertamente las decisiones de los tribunales.
Hasta ahora, la Casa Blanca había acatado las órdenes judiciales que bloqueaban algunas de sus medidas más controvertidas, como la congelación de fondos, los despidos masivos o la eliminación de la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, el gobierno ha dejado de cumplirlas.
