El gobierno de Donald Trump impuso dos nuevas medidas para acorralar a los migrantes indocumentados o con estatus legal frágil, con el firme objetivo de adelantar su política de deportaciones masivas. La primera de estas medidas tiene que ver con la revocatoria del estatus legal temporal otorgado a migrantes que ingresaron a estados unidos mediante la aplicación CBP ONE, utilizada durante el gobierno de Joe Biden. El departamento de seguridad nacional (DHS) confirmó que los beneficiarios han comenzado a recibir notificaciones instándolos a abandonar el país "de inmediato". La otra medida notificada por el gobierno de Trump, impone multas a migrantes indocumentados de hasta $998 por día si no salen de Estados Unidos y promete confiscar sus propiedades si no pagan dicha multa. Las multas se derivan de una ley de 1996 que se impuso por primera vez en 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, la administración Trump planea aplicar las sanciones retroactivamente hasta por cinco años, lo que podría resultar en multas de más de un millón de dólares.
