Un palo en toda regla.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no dejó pasar la ocasión de criticar con inteligencia y fina ironía la reforma aprobada en el Congreso de los Diputados por la cual los medios de comunicación tendrán que someterse a unas estrictas normas.
Dicho en plata, solo podrán preguntar cuando el político socialcomunista de turno quiera y quien contravenga esa condición, a buen seguro, se verá desposeido de la acreditación para volver a ejercer su labor en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.
Por esa razón, cuando la dirigente de la Puerta del Sol acabó su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, celebrado en la presa del Atazar, dijo unas palabras que atacaron con contundencia la censura que pretende ejercer el PSO en la sede de la democracia:
No sé si la prensa desplazada hasta la zona quiere hacer alguna preguntilla. Aquí todos los periodistas pueden preguntar y son bienvenidos. No expulsamos a ninguno ni los dejamos fuera por incómodos que sean sus preguntas. Gracias.
La 'ley mordaza' del PSOE en el Congreso
Bajo la batuta de Patxi López, portavoz socialista, se ha impulsado una reforma del reglamento parlamentario que permitirá retirar credenciales a quienes, según su criterio particular, “perturben gravemente” la actividad de la Cámara o atenten contra “la dignidad” de diputados y periodistas.
La medida ha sido defendida como necesaria para frenar a los que la progresía política llama “pseudoperiodistas” y “agitadores ultras”, pero sus críticos ven en ella un riesgo claro de censura institucional y ataque a la libertad de información.
La iniciativa llega tras varios incidentes recientes en los que determinados comunicadores no pudieron preguntar a portavoces de formaciones como Sumar, PSOE, Podemos o Bildu o incluso eran reconvenidos si lanzaban preguntas sin que se les hubiese otorgado el turno de palabra.
¿Control democrático o censura selectiva?
La reforma plantea un sistema progresivo de sanciones: desde apercibimientos hasta suspensiones temporales e incluso la revocación definitiva de las acreditaciones parlamentarias. Además, se prevé crear un consejo consultivo con representantes políticos y asociaciones profesionales para decidir sobre posibles expulsiones o vetos. La justificación oficial es proteger el derecho a informar y mantener un ambiente respetuoso; sin embargo, en los pasillos del Congreso resuena el temor a un control político directo sobre qué voces tienen cabida en el debate público.
Patxi López fue tajante al afirmar que hay “portavoces y diputados gravemente perturbados” en su labor por personas que “intimidan y dificultan el trabajo periodístico”, llegando a calificar algunos episodios como “acoso ultra disfrazado de comunicación”.
Por su parte, partidos como PP y VOX denunciaron que se trata de una maniobra para acallar a medios incómodos al Gobierno, apuntando directamente a una estrategia para consolidar un relato único desde La Moncloa.
