Tres meses después de que Estados Unidos deportara a más de 250 venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, acusados sin pruebas de pertenecer al extinto Tren de Aragua, sus familias y abogados denuncian un manto de silencio que impide conocer su paradero y condiciones. Mientras organismos internacionales alertan sobre posibles "desapariciones forzadas", las autoridades salvadoreñas y estadounidenses mantienen opacidad sobre el caso. teleSUR
